El Poder Judicial de la Federación atraviesa el primer año de funcionamiento bajo un modelo completamente renovado, resultado de la histórica reforma constitucional aprobada en septiembre de 2024, que transformó de manera radical la forma en que se integran, administran y disciplinan los órganos jurisdiccionales del país. Con la elección por voto popular de juezas, jueces, magistradas, magistrados y ministros llevada a cabo en junio de 2025, y con la toma de posesión de las nuevas autoridades judiciales el 1 de septiembre de ese mismo año, México se convirtió en el segundo sistema legal del mundo, después de Bolivia, en elegir a la totalidad de sus juzgadores nacionales mediante sufragio directo de la ciudadanía. Este artículo repasa en detalle la transformación que ha experimentado el Poder Judicial de la Federación a partir de esta reforma, la nueva estructura institucional que rige actualmente a los órganos jurisdiccionales del país, el proceso de elección judicial que dio origen a las nuevas autoridades, el presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2026, las controversias que ha generado la implementación de este nuevo modelo, y el papel que desempeñan actualmente los distintos órganos que conforman esta rama del gobierno federal mexicano. Qué es el Poder Judicial de la Federación El Poder Judicial de la Federación, conocido oficialmente por sus siglas PJF, constituye una de las tres ramas del gobierno federal mexicano, encargada de garantizar el orden constitucional, asegurar la legalidad de los actos de autoridad y proteger los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de los que México forma parte. Esta rama del poder público se compone actualmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que funge como su máximo tribunal, además de los tribunales de circuito, colegiados de apelación y los juzgados de distrito distribuidos en toda la geografía nacional, junto con órganos especializados como el Tribunal Electoral y el recién creado Tribunal de Disciplina Judicial. Antes de la reforma de 2024, el Poder Judicial de la Federación operaba bajo un esquema en el que el Consejo de la Judicatura Federal se encargaba de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial de los órganos jurisdiccionales, con excepción de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral. Con la nueva reforma constitucional, esta función de administración quedó a cargo de un organismo de reciente creación denominado Órgano de Administración Judicial, mientras que las funciones disciplinarias se trasladaron a un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, ambos concebidos como parte de la profunda reestructuración institucional que atraviesa actualmente esta rama del gobierno federal. La reforma constitucional de 2024 La transformación que hoy atraviesa el Poder Judicial de la Federación tiene su origen en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024, mediante el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial. Esta iniciativa, impulsada durante los últimos meses del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue aprobada por la Cámara de Diputados el 4 de septiembre de 2024, con trescientos cincuenta y siete votos a favor, ciento treinta en contra y trece ausencias, y posteriormente ratificada por el Senado de la República el 11 de septiembre de ese mismo año, con ochenta y seis votos a favor, cuarenta y uno en contra y una ausencia. Esta reforma constitucional, que entró en vigor el 16 de septiembre de 2024, sentó las bases jurídicas para la transformación integral del Poder Judicial de la Federación, estableciendo entre sus disposiciones más relevantes la elección directa por voto popular de todas las juezas y jueces, magistradas y magistrados, así como de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un cambio sin precedentes dentro del sistema de justicia mexicano, comparable únicamente con el modelo implementado previamente en Bolivia bajo su Constitución de 2009. La histórica elección judicial de 2025 Uno de los momentos más significativos en la reciente historia del Poder Judicial de la Federación ocurrió en junio de 2025, cuando se llevó a cabo la primera elección judicial de carácter popular en la historia del país, un proceso electoral organizado con el objetivo de renovar prácticamente la totalidad de los cargos jurisdiccionales federales bajo el nuevo esquema constitucional. Este proceso permitió a la ciudadanía mexicana elegir directamente, mediante voto secreto y directo, a las personas que ocuparían los principales cargos judiciales del país, incluyendo a los integrantes del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como resultado de aquel histórico proceso electoral, Hugo Aguilar Ortiz fue elegido como el nuevo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asumiendo formalmente el cargo el 1 de septiembre de 2025, junto con el resto de los integrantes del nuevo pleno de nueve ministros que actualmente conforman el máximo tribunal del Poder Judicial de la Federación. Entre las ministras que actualmente integran este órgano se encuentran Lenia Batres Guadarrama y Loretta Ortiz Ahlf, quienes acompañaron al nuevo ministro presidente durante los actos de instalación e inauguración de la sede del Poder Judicial al pueblo, celebrados también el 1 de septiembre de 2025. La nueva estructura institucional La reforma constitucional que dio origen a la actual configuración del Poder Judicial de la Federación estableció una serie de disposiciones específicas relacionadas con la Carrera Judicial y la especialización, así como con las condiciones laborales de las personas juzgadoras, las cuales quedaron reglamentadas mediante el Acuerdo General del Pleno del Órgano de Administración Judicial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2026. Este acuerdo estableció, entre otras disposiciones, la incorporación transversal, progresiva e igualitaria de la perspectiva de género dentro del desarrollo de la Carrera Judicial en todos los órganos que conforman esta rama del gobierno federal. El Órgano de Administración Judicial, responsable actualmente de gestionar la administración y la carrera judicial dentro del Poder Judicial de la Federación, así como el ingreso, la permanencia y la separación del personal, cuenta con independencia técnica y de gestión para emitir sus resoluciones, de conformidad con lo establecido en los artículos 94 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta independencia institucional resulta fundamental para garantizar que las decisiones administrativas relacionadas con el funcionamiento cotidiano de los tribunales federales se tomen con criterios técnicos y profesionales, alejados de posibles injerencias externas de carácter político. El presupuesto para el ejercicio fiscal 2026 Uno de los aspectos más comentados en torno al funcionamiento actual del Poder Judicial de la Federación tiene que ver con el presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2026, el primer año completo de operación bajo el nuevo modelo institucional derivado de la reforma constitucional. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2026, en el cual se proyecta un presupuesto de 85 mil 960.2 millones de pesos para esta rama del gobierno federal, una cifra que representa un incremento del 17 por ciento respecto al presupuesto asignado durante el ejercicio fiscal anterior. Este incremento presupuestal para el Poder Judicial de la Federación responde, en buena medida, a la necesidad de garantizar la continuidad operativa y funcional de los distintos órganos jurisdiccionales durante esta etapa de transición institucional, particularmente considerando que varios de estos órganos, conforme a la reforma constitucional en materia judicial, iniciaron formalmente sus funciones a partir del 1 de septiembre de 2025 bajo la nueva estructura organizativa establecida por la reforma. Las controversias en torno al presupuesto La discusión sobre el presupuesto destinado al Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal 2026 no ha estado exenta de controversias, incluso dentro de las propias filas del nuevo pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La ministra Lenia Batres Guadarrama cuestionó públicamente el anteproyecto de presupuesto presentado, calificándolo de “demasiado oneroso” y señalando que, en su opinión, contempla gastos que consideró innecesarios para el funcionamiento del nuevo modelo de justicia federal. Ante estos señalamientos, el propio ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz informó que el Órgano de Administración Judicial se encuentra analizando distintos ajustes al funcionamiento y presupuesto del tribunal, incluyendo la posibilidad de reducir el salario de los nueve ministros que actualmente integran el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una medida que buscaría alinear la estructura de gastos del Poder Judicial de la Federación con los principios de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria establecidos en el marco normativo vigente. El proceso de traspaso de recursos entre órganos Otro aspecto técnico relevante dentro del análisis del presupuesto del Poder Judicial de la Federación para 2026 tiene que ver con el traspaso de recursos entre distintos órganos derivado de la propia reestructuración institucional. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ciertos recursos correspondientes al ejercicio de funciones disciplinarias, que anteriormente correspondían tanto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como al Tribunal Electoral del Poder Judicial, deben transferirse ahora al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, órgano encargado específicamente de esta función bajo el nuevo esquema constitucional. Este proceso de reasignación presupuestal ha generado observaciones técnicas por parte de distintos analistas, quienes han señalado que, al haberse considerado los recursos correspondientes dentro del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2026 de cada una de las instancias involucradas, no queda del todo claro si podría existir una duplicación de gasto dentro del presupuesto general asignado al Poder Judicial de la Federación para el próximo ejercicio fiscal, una situación que las autoridades competentes deberán clarificar conforme avance el proceso de discusión y aprobación presupuestal en la Cámara de Diputados. El Tribunal Electoral del Poder Judicial Dentro de la estructura actual del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral desempeña un papel especializado de enorme relevancia institucional, encargado de resolver las controversias que surgen en el marco de las elecciones federales y de certificar la validez de dichas elecciones, incluyendo la del propio presidente o presidenta de la República. Este tribunal, establecido originalmente en agosto de 1996, cuenta actualmente con siete integrantes elegidos también mediante voto popular, y su composición actual incluye a Gilberto de Guzmán Bátiz García como presidente desde el 5 de noviembre de 2025. El Tribunal Electoral, que forma parte integral del Poder Judicial de la Federación, opera a través de una Sala Superior y distintas salas regionales distribuidas en diversas ciudades del país, entre ellas Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Toluca y la propia Ciudad de México, lo que le permite atender con mayor cercanía territorial las controversias electorales que surgen en las distintas regiones de la República Mexicana, garantizando así una cobertura jurisdiccional especializada en materia electoral a lo largo de todo el territorio nacional. Los servicios digitales del Poder Judicial Como parte de su proceso de modernización institucional, el Poder Judicial de la Federación mantiene actualmente en operación un Portal de Servicios en Línea, un sistema tecnológico que permite el acceso digital tanto a los Juzgados de Distrito como a los Tribunales de Circuito distribuidos en toda la República Mexicana, además de facilitar el acceso a las áreas administrativas de esta rama del gobierno federal. Este portal permite a los usuarios realizar diversos trámites de manera remota, entre ellos la presentación de demandas, solicitudes y escritos iniciales ante los órganos jurisdiccionales competentes. Esta plataforma digital, que forma parte de la estrategia de modernización tecnológica del Poder Judicial de la Federación, responde a un objetivo institucional dual: por un lado, facilitar el acceso ciudadano a la justicia federal mediante herramientas digitales que reducen la necesidad de traslados físicos hasta las sedes judiciales, y por otro lado, contribuir a la eficiencia operativa interna de los distintos órganos jurisdiccionales que conforman esta rama del gobierno mexicano. El significado histórico de esta transformación Resulta imposible analizar la situación actual del Poder Judicial de la Federación sin detenerse en el significado histórico que representa esta transformación institucional dentro del contexto más amplio del sistema de justicia mexicano. La decisión de elegir mediante voto popular a la totalidad de los juzgadores federales constituye un cambio de paradigma sin precedentes en la historia jurídica del país, que ha generado tanto defensores como críticos dentro de la comunidad jurídica y política nacional. Los defensores de esta reforma han argumentado que la elección popular de las autoridades del Poder Judicial de la Federación representa un ejercicio de democratización profunda de una rama del poder público que, tradicionalmente, había permanecido al margen del escrutinio electoral directo de la ciudadanía. Los críticos, por su parte, han expresado preocupaciones relacionadas con la posible politización de las decisiones judiciales y con los riesgos que podría implicar someter a evaluación popular directa criterios técnicos y jurídicos altamente especializados, un debate que continúa desarrollándose conforme avanza la implementación práctica de esta nueva estructura institucional. Los retos hacia el futuro De cara a los próximos años, el Poder Judicial de la Federación enfrenta el reto considerable de consolidar su nueva estructura institucional, garantizando al mismo tiempo la continuidad, la calidad y la independencia técnica de sus resoluciones jurisdiccionales. Este proceso de consolidación requerirá, entre otros factores, una gestión presupuestal eficiente que evite duplicidades administrativas, una implementación efectiva de los mecanismos de carrera judicial y especialización recientemente reglamentados, y una adecuada coordinación entre los distintos órganos que conforman esta compleja estructura institucional renovada. Asimismo, el Poder Judicial de la Federación deberá continuar avanzando en su proceso de modernización tecnológica, ampliando progresivamente el alcance y la funcionalidad de sus plataformas digitales, con el objetivo de garantizar un acceso cada vez más eficiente y equitativo a la justicia federal para todos los habitantes del territorio nacional, independientemente de su ubicación geográfica o de sus condiciones socioeconómicas particulares. La opinión de la comunidad jurídica especializada Más allá de las posiciones políticas encontradas, resulta relevante repasar el debate que ha generado esta reforma dentro de la comunidad jurídica especializada, tanto en México como en el ámbito internacional. Académicos y especialistas en derecho constitucional han señalado que la transformación de esta rama del gobierno representa un caso de estudio de enorme interés comparativo, dado que se trata de una de las reformas judiciales más ambiciosas emprendidas por cualquier país en las últimas décadas, con implicaciones que trascienden ampliamente el ámbito puramente jurídico para adentrarse también en el terreno de la ciencia política y la teoría democrática. Algunos analistas han destacado que la experiencia mexicana será observada con particular atención por otros países de la región latinoamericana, donde también existen debates recurrentes sobre la independencia judicial, la rendición de cuentas de los tribunales y los mecanismos más adecuados para garantizar tanto la legitimidad democrática como la calidad técnica de las decisiones jurisdiccionales. En ese sentido, el desempeño que muestre este nuevo modelo institucional durante sus primeros años de operación podría convertirse en un referente relevante para futuros debates sobre reforma judicial en otras naciones con sistemas legales similares al mexicano. El papel de la sociedad civil en el seguimiento de la reforma Distintas organizaciones de la sociedad civil mexicana, especializadas en el monitoreo de instituciones públicas y en la promoción del acceso a la justicia, han anunciado su intención de dar seguimiento puntual al desempeño del nuevo Poder Judicial de la Federación durante los próximos años, con el objetivo de evaluar de manera independiente si esta transformación institucional efectivamente contribuye a mejorar el acceso ciudadano a la justicia y la calidad de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por los distintos tribunales federales del país. Este tipo de mecanismos de vigilancia ciudadana resultan particularmente relevantes en el contexto de una transformación institucional de esta magnitud, ya que permiten generar información independiente sobre el funcionamiento real del nuevo sistema, más allá de los discursos políticos que han acompañado tanto a los defensores como a los críticos de la reforma desde su aprobación original en septiembre de 2024. Una transformación institucional sin precedentes El Poder Judicial de la Federación atraviesa, sin duda, una de las etapas de transformación institucional más profundas de su historia reciente, resultado directo de la reforma constitucional aprobada en septiembre de 2024 y de la histórica elección judicial celebrada en junio de 2025. Con una nueva estructura organizativa que incluye al Órgano de Administración Judicial y al Tribunal de Disciplina Judicial, con autoridades elegidas directamente por voto popular por primera vez en la historia del país, y con un presupuesto renovado para el ejercicio fiscal 2026, esta rama del gobierno federal mexicano se encuentra en pleno proceso de consolidación de un modelo de justicia sin precedentes a nivel mundial, comparable únicamente con la experiencia boliviana iniciada casi dos décadas atrás. Con las controversias presupuestales todavía en discusión y con el debate sobre el significado democrático de esta reforma continuando activo dentro de la comunidad jurídica y política nacional, el futuro del Poder Judicial de la Federación dependerá, en gran medida, de la capacidad de sus nuevas autoridades para demostrar que este modelo renovado es capaz de garantizar, con la misma o mayor eficacia que el esquema anterior, la protección del orden constitucional, la legalidad de los actos de autoridad y los derechos humanos de todos los mexicanos, consolidando así la confianza ciudadana en una de las instituciones más importantes para el funcionamiento democrático del país. Navegación de entradas West Ham – Wolves: el reencuentro de Nuno Espírito Santo con su exequipo en un duelo de necesidades opuestas Premios Publicaciones 4T: El reconocimiento internacional que impulsa la excelencia en la gestión pública y social
